Mi Carnet de CO2

Los expertos proponen una tarjeta para personas y pymes donde registrar su consumo energético y los GEI emitidos.

Algunos investigadores europeos están proponiendo la implantación en la UE de un carnet de CO2, que consistiría en el uso de una tarjeta individual y para las pymes, como herramienta para controlar y reducir el consumo energético y las emisiones de gases invernadero. Cada tarjeta llevaría asociada un cupo o derechos de emisión de dióxido de CO2, disponible para los ciudadanos y estas empresas, de manera que cada vez que se consume energía se registra un descuento en esta contabilidad. Los ciudadanos ejemplares que gasten poca energía podrían vender sus derechos y los que se excedieran tendrían que comprarlos. No sería inusual; a fin de cuentas, es lo que están haciendo ya las grandes industrias para cumplir con el protocolo de Kioto.

La propuesta es una de las iniciativas de los expertos para reducir las emisiones a partir del 2012 en el contexto del nuevo protocolo contra el calentamiento. Ahora los gobiernos tienen bajo control los gases de las grandes empresas (gracias al mercado de compraventa de derechos de emisión), pero lo tienen más crudo para hincar el diente a los miles de focos dispersos de CO2 por la energía de los ámbitos doméstico y el transporte.

El funcionamiento del carnet de CO2 sería sencillo. La Administración definiría qué porcentaje inicial de emisiones totales permitidas en el país se asignarían gratis a ciudadanos y pymes en forma de derechos de emisión. Estos derechos se irían descontando de la cuenta corriente de CO2 a medida que consuman energía. Así, junto a la factura que llega del banco con el recibo de la compañía eléctrica o del gas, se anotaría el descuento de CO2 correspondiente a la energía primaria empleada (por ejemplo debida a la quema de combustibles fósiles en la térmica para obtener la electricidad). Y, de la misma forma, cuando un ciudadano repostara en la gasolinera, además de pagar el combustible, se descontaría de su tarjeta de CO2 el equivalente en gases invernadero.

"El carnet de CO2 concienciaría a los ciudadanos del efecto sobre la atmósfera de su consumo energéticos", dice Esteve Corbera, investigador del Tyndall Centre, un centro que asesora al gobierno británico en materia de cambio climático. El estímulo para el ahorro sería indiscutible. "El ciudadano que fuera en bicicleta, que en casa no usara aire acondicionado o que viajara poco en coche o en avión, y que, por lo tanto, no agotara sus derechos de CO2 asignados, podría venderlos a través de intermediarios (como un banco). Además - agrega-, el ciudadano concienciado podría decidir no vender sus derechos de emisión y, de este modo, contener la oferta disponible en el mercado y aumentar el precio de estos derechos".

Hay también razones éticas en esta propuesta. Ahora, las grandes empresas (térmicas, siderúrgicas, cementeras...) tienen estipulados cupos anuales gratuitos de CO2. Si no los agotan, pueden venderlos. El resultado es que, en ocasiones, obtienen grandes beneficios. Por eso, "si estas empresas, que son responsables del 45% de las emisiones de CO2 , obtienen beneficios, ¿por qué el ciudadano no puede beneficiarse también de mantener limpia la atmósfera?", se pregunta Corbera. "Además, estas empresas obtienen beneficios con unos derechos que han conseguido de forma gratis", resalta Corbera, para justificar la necesidad de que se generalice el actual sistema de cuotas de emisión comercializables, que ahora afecta sólo a las grandes empresas (aunque para el futuro se propone que estos derechos no sean gratis para ellas, sino que se asignen mediante subasta para generar ingresos al Estado).

Con todo ello se persigue incentivar una generación eléctrica más limpia: los ciudadanos irían en busca de las compañías eléctricas que ofrezcan más fuentes renovables, pues así el descuento de CO2 sería menor. El carnet de CO2 sería voluntario. El ciudadano podría vender los derechos al recibirlos; pero tanto en este caso como si prefiere pagar la gasolina en metálico (no con tarjeta). debería pagar un sobrecosto. De todos modos, la propuesta debe aún desarrollarse. Hay que analizar las barreras tecnológicas, el coste de aplicación o valorar el riego de inflación derivado de los gastos adicionales de la compra de derechos de emisión.

 

Esteve Corbera,es doctor en Estudios para Desarrollo por la Universidad de East Anglia (UK) y licenciado en Ciencias Ambientales por la UAB. Es investigador del Tyndall Centre para la investigación del cambio climático, donde desarrolla estudios relacionados con el protocolo de Kioto.

 

Fuente: A. Cerrillo, lavanguardia, 26-XI-07.